Brasil y la FIFA están de bronca
por cuenta de la Ley General de la Copa que el país debe aprobar en unas semanas de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Pero el problema supera el debate sobre el precio de las entradas o la venta de alcohol en los estadios.
Conozca las graves violaciones de DDHH por cuenta de los megaeventos que acoge Brasil.
Si algo tiene Brasil es organización social de base. Por tanto, ni la Copa Mundial de Fútbol de 2014, ni las Olimpiadas de 2016 han dejado indiferentes a los movimientos sociales. El primer asalto tiene que ver con la Copa de la FIFA y en Brasil se han articulado 12 Comités Populares Locales, organizados en las ciudades sede de la Copa Mundial.
La pelea más fuerte de estos Comités se centra ahora en evitar la aprobación de la llamada Ley General de la Copa, que establece las condiciones para la celebración de la Copa Confederación en 2013 y la Copa del Mundo de 2014. El secretario general de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA), Jerome Valcke, ha denunciado en enero de 2012 que Brasil está haciendo requerimientos que ningún otro organizador del certamen había realizado jamás y objetó, entre otros puntos, la previsión de valores especiales para localidades para los partidos asignados a los indígenas o a los jubilados.
“Tal vez sea porque ganaron cinco veces la Copa, y piensan que pueden pedir, pedir y pedir”, se quejó Jerome Valcke. Pero los Comités Locales alertan de lo contrario, que el Gobierno de Brasil está secuestrado por la FIFA y que quiere aprobar una Ley General que “crea un alteraciones legales y administrativas excepcionales en Brasil”.
Los Comités Populares de la Copa denuncian, entre otras medidas, que se “entregue” a la FIFA la explotación comercial de “todos los símbolos nacionales relacionados con el fútbol” y que dé prioridad al registro de las marcas que la FIFA decida (hasta ahora van mil) saltándose los trámites administrativos; que se prohíba la venta de productos relacionados con la Copa en las inmediaciones de los estadios, lo que afecta gravemente al comercio informal brasileño y supone “el control privado de las vías de acceso a las instalaciones deportivas”.
En cuanto a la venta de entradas, los Comités alertan de la posibilidad de que se elimine el descuento de 50 por ciento para jubilados y estudiantes -“una conquista social de los brasileños”- y dice que el régimen impuesto por la FIFA, que por ejemplo descarta la devolución de entradas hace que “los brasileños no estén invitados a su Copa”; que la Ley General establezca “nuevos crímenes”, básicamente relacionados con la explotación comercial o el marketing durante la Copa; que se establezca un régimen especial de migración que da visado automático “a cualquier persona que indique la FIFA o a los equipos de sus socios comerciales”; que la FIFA tenga todos los derechos de imagen y prensa, y, por último, que sea el Gobierno de Brasil el que deba “indemnizar” a la FIFA por cualquier pérdida que la organización tenga.
De hecho, este último extremo está siendo motivo de fricción entre la FIFA y el Gobierno de Brasil ya que la organización privada pretende que el Ejecutivo asuma los costos, incluso, por desastres naturales o lluvias durante la Copa.
MEGAEVENTOS Y DDHH
Los Comités Populares de la Copa y de las Olimpiadas hicieron público un detallado informe en diciembre que ha sido ocultado por los medios de comunicación comerciales.
Se trata del documento “megaeventos y violaciones de Derechos Humanos en Brasil”. Una copia de este informe ha sido entregado ya al Gobierno Federal, al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), a la Controloría General de la Unión, al Tribunal de Cuentas de la Unión, a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a varias relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El documento se divide en siete temáticas: vivienda, trabajo, acceso a la información, participación y representación popular, medio ambiente, movilidad, acceso a servicios y bienes públicos, seguridad pública y elitización, "europeización" y privatización del fútbol.
Los Comités aclaran que en ningún momento están en contra de la celebración de los eventos deportivos, pero sí advierten de las consecuencias de ellos por el modelo empresarial y las imposiciones que suponen. Algunas de las denuncias que hacen los Comités son muy graves. Reiteran la situación de “excepción” legal que se está construyendo con las leyes y las reglamentaciones de las mismas relacionadas con la Copa del Mundo de Fútbol (que se celebrará en 12 ciudades) y con las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016. Esta excepcionalidad atenta, entre otras cosas, contra el marco de la legislación ambiental y laboral de Brasil.
También alertas sobre el desplazamiento forzado y sin indemnizaciones suficientes ni transparentes de, al menos, 170 personas debido a las obras urbanísticas, la mejora de estadios y otros megaproyectos relacionados con estos eventos deportivos.
Todo el modelo, según este análisis, hace que “empresas nacionales internacionales sometan a la nación y a las ciudades sede a sus caprichos, o mejor dicho a sus intereses”.
Además, “en estas operaciones que el lenguaje oficial denomina como alianzas público-privadas, lo público se queda con los gastos y lo privado con los beneficios”.
"En Sudáfrica, pusieron personas a vivir en conteineres y ahora la iniciativa privada quiere demoler los estadios, porque el costo de mantenimiento es mucho mayor que la demanda, entonces fueron miles de millones de las arcas públicas desperdiciadas, y Brasil corre el riesgo de sufrir lo mismo”, alerta uno de los integrantes de los Comités Populares.
El informe también señala que el Estado va a gastar, como mínimo, unos 24 mil millones de reales (unos 13.600 millones de dólares) sólo en obras a realizar en las 12 ciudades sede de la Copa del Mundo. Esto va a ocurrir en un país con un déficit habitacional reconocido de 5,5 millones de viviendas y con otros 15 millones de viviendas urbanas en muy mal estado. “Sin hablar de las carencias en salud pública o educación”.
MILITARIZACIÓN Y FAVELAS
A las denuncias presentadas por los Comités hay que sumar la ofensiva de las fuerzas de seguridad en las favelas de Río de Janeiro más relacionadas con la reorganización urbanística por los megaeventos.
Leandro Ventura y Lidia Barbosa explican cómo es la estrategia de implantación de las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que, en la práctica, suponen la militarización de las favelas.
"Mientras en toda la ciudad hay favelas y más las que tienen una modalidad de crimen organizado con relaciones con el Estado (narcotráfico y milicias), las UPP están ubicadas casi exclusivamente en áreas donde predominaba el narcotráfico (17 de 18) y en áreas donde hay obvios intereses de especulación inmobiliaria y turística", explican.
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