En 2009, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández proclamó la estatización de las transmisiones de la liga argentina de fútbol tras permanecer secuestradas, según ella, durante casi dos décadas por la empresa dueña de los derechos de televisión de los partidos.
La exmandataria dio así por iniciado el Fútbol para Todos (FPT), una iniciativa por la cual el Estado asumía el control de los derechos de los partidos de primera división y disponía su transmisión gratuita a todo el país por canales de televisión abierta. Ocho años después, el programa es señalado como un semillero de malversación y considerado un despilfarro de dinero, además de ser vinculado con el abarcador sobre corrupción en el fútbol sudamericano que se dilucida en un juicio en un tribunal en Estados Unidos.
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