El órgano rector del fútbol refuerza las normas que gobiernan a los licitadores de la Copa Mundial.
La FIFA va a prohibir la financiación de proyectos de fútbol en el extranjero por parte de países que aspiran a organizar la Copa Mundial como respuesta a las acusaciones de Estados Unidos de que la FIFA estaba plagada de corrupción.
A raíz de las críticas sobre el historial de derechos humanos de algunos de los países organizadores, el máximo organismo del fútbol mundial también requerirá que los países se adhieran a las normas de la ONU.
Es aparente que los cambios han sido acordados por los principales funcionarios de la FIFA. Ya se había acordado que el próximo anfitrión de la Copa Mundial se decidiría por medio de una votación abierta entre los 209 participantes en el congreso de la FIFA.
Para contrarrestar la corrupción, la FIFA revertiría el requisito de que los países que desean ser sedes del Mundial financien el desarrollo del fútbol en el extranjero. "Esa regla es la fuente de todos los problemas", dijo una persona cercana a la FIFA.
"Los países calcularían dónde obtendrían la mayor cantidad de votos e invertirían el dinero allí, como la financiación de otro campo en Trinidad y Tobago porque les proporciona los votos que necesitan".
Tampoco estarían autorizados a apoyar ningún proyecto de desarrollo en el extranjero antes o después de la competencia.
Pero otras propuestas de reforma claves que se presentarán durante una reunión del comité ejecutivo el lunes de la semana pasada continúan siendo inciertas, entre ellas los límites del mandato de los funcionarios futbolísticos. Josepp Blatter fue elegido para un quinto mandato como presidente de la FIFA en mayo, pero renunció poco después.
"Sabemos lo que se debe hacer, pero por alguna razón estamos teniendo dificultades para lograrlo", declaró el lunes la persona cercana a la FIFA. "La reforma más importante es la que se refiere a límites del mandato".
Otras propuestas incluyen revelar los sueldos de los dirigentes de la FIFA; elegir el comité ejecutivo a través del congreso en vez de las confederaciones continentales; y verificar la integridad de los nuevos miembros.
El intento de reorganización es consecuencia de las acusaciones por parte de Estados Unidos de que los ejecutivos de la FIFA aceptaron sobornos de más de 150 millones de dólares en una cultura de corrupción "descontrolada, sistémica y arraigada".
El miércoles pasado, un funcionario fue extraditado de Suiza a Estados Unidos, el primero de los siete arrestados en un hotel suizo en mayo y detenidos en conexión con las investigaciones del FBI.
El funcionario fue entregado en Zúrich a una escolta policial de tres personas de Estados Unidos que lo acompañó en un vuelo a Nueva York, declararon las autoridades suizas.
El nombre no fue divulgado, pero ciertos informes la semana pasada expusieron que Jeffrey Webb, un exvicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf (el cuerpo gobernante del fútbol en Norte y Centroamérica y el Caribe) había accedido a ser extraditado a Estados Unidos.
Los investigadores estadounidenses han acusado a Sudáfrica de canalizar 10 millones de dólares a través de la FIFA a Jack Warner, el exjefe de la Concacaf, para asegurar el torneo de 2010. Tanto Sudáfrica como Warner negaron que el pago, supuestamente para ser usado en el financiamiento del fútbol entre la diáspora africana, fuera un soborno.
La licitación para la próxima Copa del Mundo, después de Catar 2022, se ha aplazado indefinidamente mientras la FIFA se prepara para elegir a un presidente.
En el pasado, el comité ejecutivo ha adjudicado los torneos en secreto. De los 22 miembros que optaron por Rusia y Catar como sedes de los Mundiales de 2018 y 2022, cinco han sido acusados de corrupción.
Numerosos funcionarios del más alto rango de la FIFA han ejercido sus cargos juntos durante décadas. Blatter ha estado al mando durante casi 40 años, mientras que Ángel María Villar, presidente de la federación española y miembro del comité ejecutivo, se está postulando como candidato para un octavo mandato a comenzar el próximo año.
Mientras tanto, el abogado suizo designado por la FIFA para investigar a sus funcionarios dijo que sus hallazgos debieran hacerse públicos.
Supuestamente independiente, pero financiado por la FIFA, el comité de ética dirigido por Cornel Borbély ha sido extensamente acusado de ser un “perro guardián desdentado”.
Borbély achacó esta percepción a las normas de la FIFA que le prohíben revelar detalles de quién está siendo investigado. Él agregó que tampoco puede explicar las decisiones del comité de ética hasta que un proceso de apelación haya concluido.
"Esto es incompatible con los procedimientos penales estatales en Suiza y Europa", dijo Borbély, añadiendo que un cambio, el cual tendría que ser acordado por el comité ejecutivo, proporcionaría "una transparencia significativamente mayor".
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