El procurador general de la República, Roberto Gurgel, elevó una moción de inconstitucionalidad al Supremo Tribunal Federal para intentar cancelar la ley, aprobada por el Congreso el pasado julio.
La ley creó un régimen diferenciado de contratación pública para las obras relacionadas con el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, con el objetivo de evitar nuevos retrasos en la construcción de estadios.
Gurgel argumentó que la norma no fija parámetros mínimos para identificar qué obras se pueden incluir en este régimen, por lo que el presupuesto se podría disparar, como ocurrió en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro de 2007.
Según el procurador, los errores de planificación en los Panamericanos supusieron que el desembolso final (unos 3.000 millones de reales o 1.800 millones de dólares) multiplicase por diez el presupuesto inicial, que era de 300 millones de reales (unos 180 millones de dólares). EFE
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